En el mismo bote: Historias de la crisis climática – La Agenda de Deportación Masiva de Trump Pone en Riesgo a las Comunidades Estadounidenses

La Agenda de Deportación Masiva de Trump Pone en Riesgo a las Comunidades Estadounidenses

En todo Estados Unidos, las comunidades se están recuperando de las consecuencias de una administración que parece más centrada en las posturas políticas que en el bien común. Desde las fábricas de vehículos eléctricos en Georgia hasta los equipos de respuesta a incendios forestales en Washington, las medidas federales de inmigración están debilitando a las mismas comunidades a las que se supone deben servir.

La semana pasada, cientos de trabajadores fueron detenidos en una redada de ICE en la planta de baterías para vehículos eléctricos de Hyundai en Elabell, Georgia. Esta instalación representa la mayor inversión industrial en la historia de Georgia. Sin embargo, bajo esta administración, la planta se convirtió en un objetivo. Los trabajadores, muchos de ellos ciudadanos surcoreanos, fueron detenidos en redadas que generan temor e incertidumbre en las empresas que intentan invertir en Estados Unidos.

Los empleos en el sector manufacturero ya están en declive, con un informe nacional que muestra la pérdida de 78.000 empleos durante el último año. Gran parte de este impacto ha afectado al sector de las energías limpias, que ha visto más de 64.000 empleos perdidos o estancados desde que Trump asumió el cargo. Mientras tanto, las facturas de electricidad han aumentado un 10 por ciento desde que Trump asumió el cargo. En lugar de impulsar industrias que podrían estabilizar a las comunidades y fortalecer las economías locales, las políticas de Trump están generando caos, aumentando los costos para los estadounidenses comunes y corrientes, y enviando un mensaje claro a las empresas: la política es lo primero.

La indiferencia hacia las necesidades de la comunidad no se limita a la industria manufacturera. En el estado de Washington, dos bomberos contratados para combatir un incendio forestal de 9.000 acres fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza debido a discrepancias en su estatus migratorio. Los trabajadores de respuesta a emergencias, que arriesgaban sus vidas para proteger vidas y propiedades, fueron retirados de la línea de fuego, sus equipos retrasados y los contratistas federales retirados del lugar. Estos arrestos ocurren en un momento en que los incendios forestales se están volviendo más largos, frecuentes y devastadores debido al cambio climático. Cada minuto cuenta, y las comunidades no pueden permitirse perder personal capacitado en medio de un desastre provocado por el clima. Sin embargo, las políticas de esta administración priorizan la deportación sobre la seguridad pública, poniendo en riesgo vidas y el medio ambiente.

Estos incidentes forman parte de un patrón más amplio. Las redadas masivas de deportación transmiten un mensaje escalofriante: independientemente de las contribuciones positivas que realicen los inmigrantes, ya sea en fábricas, respuesta a emergencias o servicios esenciales, se les considera desechables. El costo humano y económico de estas políticas recae directamente sobre las familias y comunidades estadounidenses.

Esta misma semana, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que los agentes de ICE pueden considerar la raza, el idioma y la ubicación al detener a personas, lo que en la práctica da luz verde a la discriminación racial. La decisión anula las protecciones vigentes en Los Ángeles y sienta un peligroso precedente nacional, al permitir que los agentes federales persigan a personas simplemente por parecer latinas o hablar español. En combinación con las redadas masivas, este fallo amenaza aún más a nuestras comunidades y nuestra capacidad para responder a sus necesidades esenciales.

Comunidades de todo el país dependen de industrias estables y servicios de emergencia. Dependen de que las personas acudan a trabajar, a combatir incendios y a mantener la electricidad. Las políticas que priorizan la deportación sobre el bienestar de los residentes son una amenaza directa para la prosperidad y la seguridad pública de Estados Unidos. Si la administración Trump realmente se preocupara por las familias de clase trabajadora y las comunidades locales, alentaría la inversión, garantizaría empleos y protegería los servicios de emergencia, no los sabotearía en nombre del teatro político.